El niño de 12 años, que difunde en redes sociales contenidos sobre el trastorno del espectro autista, inició una acción judicial para que el Presidente borre una publicación agraviante en su contra.
El fallo destacó que la publicación -vinculada al niño con autismo- no constituyó un acto estatal ni un agravio directo y que las cuentas de los funcionarios públicos están protegidas por la libertad de expresión.